Presidente del TSJ afirma que no protegerán al Juez que liberó a NAM

Imagen: A la izquierda, el Juez Segundo Penal, a la derecha, el Magistrado Presidente del STJ

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Daniel Gallo Rodríguez, dijo que el el Juez Segundo Penal, que liberó a Narciso Agúndez Montaño y a Alfredo Porras Dominguez, deberá responder por sus actos.

En un acto casi atípico, el Presidente del TSJ de BCS, salió a explicar algunas medidas que se tomaron en el expediente de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Dominguez, desde la reclasificación del delito, pasando de Peculado a Incumplimiento de un Deber Legal, hasta llegar a mencionar al Juez Segundo Penal, Sergio Aguilar Navarro, a quien no protegerán si la PGJE decide denunciarlo, considerando que es “injusto” que por culpa de un juez se culpe a toda la institución del Poder Judicial. De ésta manera entregan en bandeja de plata al juez en caso de que la PGJE lo denuncie penalmente.

Hay que recordar, que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Daniel Gallo Rodríguez, llegó al cargo durante el gobierno del actual gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor (ver nota: El Tribunal Superior de Justicia de B.C.S. tiene nuevo presidente).

Declaración del presidente del TSJ

Posición del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, respecto a los acontecimientos recientes relacionados al proceso penal seguido en contra de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Dominguez.

La reclasificación del delito de peculado al de incumplimiento de un deber legal, dentro del proceso penal número 096/2012, seguido ante el Juez Segundo de lo Penal de esta Ciudad, se hizo en estricto acatamiento a la sentencia del amparo otorgado por el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo indirecto número 477/2012, confirmado en todos sus términos por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito en el Estado, dentro del amparo en revisión número 300/2012, que se abrió con motivo de la inconformidad presentada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, en contra el Juez Segundo de Distrito antes precisado.

La sentencia de amparo que se acató, tenía el alcance de tener por no acreditado uno de los elementos del delito de peculado, dejando en plenitud de jurisdicción al Juez Segundo Penal del Estado, a dictar una nueva resolución en la que libremente valorara si se actualizaba algún otro delito. Con plenitud de jurisdicción el Juez Segundo penal consideró que los hechos consignados por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se adecuaban al tipo penal de incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 148 fracción V del Código Penal para el Estado, delito por el cual se dictó el nuevo auto de formal prisión y consecuentemente sujetos a proceso Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Dominguez.

La determinación del nuevo delito, así como el fijamiento del monto de la caución para gozar de la libertad provisional por parte de los procesados, no fue limitado o condicionado en la sentencia de amparo, por lo que en ambos casos, las determinaciones fueron bajo la más estricta responsabilidad del juez segundo penal Lic. Sergio Aguilar Navarro, quien actuó con plena libertad y autonomía y que por lo tanto deberá responder por sus actos.

Sin prejuzgar si la actuación del juzgador estuvo o no apegada a derecho al fijar una caución para gozar de la libertad provisional, por el monto de $31,714.66 a cada uno de los procesados, ya que ello estaría sujeto a la revisión y determinación de los Magistrados en Pleno; se reitera la posición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Daniel Gallo Rodríguez, lo que ha venido sosteniendo públicamente a lo largo del año, en el sentido de que no se protegerá ni solapará a ningún funcionario judicial que actúe contra los principios básicos de rectitud, honorabilidad e imparcialidad en su actuar, y que venga a manchar y perjudicar el esfuerzo de la mayoría del personal del Poder Judicial para recobrar la confianza de los abogados y ciudadanos del Estado, en lo que sin duda se tienen avances.

En ese sentido, si la Procuraduría General de Justicia del Estado considera que la actuación del juzgador estuvo apartada de la legalidad, se atenderán con toda responsabilidad e imparcialidad las quejas y procedimientos de cualquier tipo, que en su caso inicie, aplicando las sanciones correspondientes en caso de acreditarse la responsabilidad del funcionario judicial. De ser así, se actuará sin consideración alguna, asumiendo la responsabilidad que nos compete, sin buscar responsabilizar a terceros de nuestros propios actos.

Por otra parte, considero injusto que por la actuación de un juez se manche el nombre de la totalidad de la institución, ya que en relación con el Poder Judicial hay hechos palpables de los esfuerzos para mejorar la impartición de justicia, con fuertes inversiones en varios rubros, que sin duda en el 2013 detonará con una administración de justicia más moderna y eficiente.

Respetuoso de la separación de poderes, ya que no me compete, no emitiré opinión alguna respecto a la actuación de la Procuraduría General de Justicia y demás instancias jurídicas del propio Gobierno Estatal, en el ejercicio de sus funciones, y en todo caso lo dejo a la opinión y escrutinio de los abogados, sociedad en general y a los propios Tribunales Federales; me limitaré como lo he hecho hasta la fecha, a ser fuertemente autocrítico con el propio Poder Judicial del Estado, de quien he reconocido públicamente nuestras debilidades y deficiencias, como un primer paso para mejorar y corregir los errores, que es el compromiso que tenemos con la sociedad.